La AMEDI respalda la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada hoy en las cámaras de Diputados y Senadores
Con la adhesión de 180 diputados y de más de medio centenar de senadores (al momento de redactar este comunicado otros legisladores estaban añadiendo sus firmas) el día de hoy fue presentada en ambas cámaras del Congreso de la Unión la iniciativa para crear una nueva Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Se trata de un documento integral, que sustituiría a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones.
Con esa iniciativa se pretende impulsar la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad. Se trata de una propuesta completa y compleja, que rescata preocupaciones sostenidas durante largo tiempo por profesionales y estudiosos de los medios, pero que además reivindica el legítimo interés de los empresarios de la comunicación para contar con un marco legal que les permita desarrollar sus actividades con libertad y en un contexto de diversidad.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Javier Corral Jurado y, en la Cámara de Senadores, por el senador Gustavo Madero Muñoz.
Organizada en 252 artículos agrupados en 13 títulos, esa iniciativa propone sustituir a la actual Cofetel por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que tendría mayor independencia y capacidad profesional. Se propone crear, además, los Registros Público de Telecomunicaciones y de Usuarios, establecer reglas precisas para la inversión extranjera (autorizando hasta el 25% en radiodifusión), regular la interconexión entre empresas que prestan el mismo servicio y terminar con el “redondeo” en el cobro de servicios que se hace a los usuarios.
Las concesiones para utilizar porciones del espectro radioeléctrico serían otorgadas y refrendadas por licitación pública. Se establece además la figura de concesiones de uso público para los medios públicos o de Estado y se reconoce a los medios comunitarios, a los que se considera medios de uso social. Los medios públicos y sociales podrían recibir ingresos por venta de publicidad –con límites mayores a los espacios comerciales que pueden tener los medios con fines de lucro–.
Los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, podrían utilizarlas para la difusión de otros servicios de telecomunicaciones, previa autorización del Instituto Federal y una vez que hubieran pagado la contraprestación que se determinaría de acuerdo con los precios que existan en el mercado para ese tipo de servicios.
En la iniciativa se propone que en la televisión y la radio haya al menos 50% de contenidos de producción nacional. Al menos 20% de esos contenidos deberían ser realizados por productores independientes. Habría un fondo con recursos estatales para estimular la producción audiovisual.
Además de la diversidad de contenidos, la iniciativa establece horarios para programación destinada a los niños. Se favorece la integridad de espectáculos como los deportivos y de las obras cinematográficas, con límites a la transmisión de anuncios y mensajes comerciales durante esos eventos. El tiempo del Estado en las estaciones concesionadas de radio y televisión queda en 60 minutos diarios y se terminaría con la dispersión de las normas legales que actualmente existen al respecto.
De acuerdo con esta propuesta, los usuarios de servicios de telecomunicaciones tendrían respaldo de la Procuraduría Federal del Consumidor para defender sus derechos en ese campo. Los medios concesionados tendrían la obligación de dar a conocer sus códigos de ética y a sus representantes para atender requerimientos de sus audiencias. Se establecen previsiones para que se cumpla el derecho de réplica.
Esos son algunos de los rasgos relevantes de la iniciativa presentada hoy en las dos cámaras del Congreso y respaldada por legisladores de cuatro partidos políticos.
A la Asociación Mexicana de Derecho a la Información le parece de extraordinaria relevancia el contenido, así como el procedimiento para dar a conocer esta iniciativa. Los principios de pluralidad, promoción de la calidad, aprovechamiento de la convergencia tecnológica y reivindicación de los derechos de la sociedad por los cuales han pugnado la AMEDI y otras organizaciones, así como numerosos ciudadanos, aparecen reivindicados en esa propuesta de ley.
Queremos suponer que en el Congreso de nuestro país, en los partidos políticos y en los espacios de la vida pública en donde se ventilan y toman decisiones relevantes, habrá sensibilidad y decisión suficientes para reconocer el esfuerzo que ha significado la elaboración y la presentación de esa iniciativa y, por lo tanto, para convertirla en ley.
México D.F., jueves 8 de abril de 2010
Dr. Raúl Trejo DelarbrePresidente de la AMEDI
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sábado, 10 de abril de 2010
sábado, 20 de marzo de 2010
Declaración del Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios
No hay auténtica reforma política sin reforma para los medios de comunicación
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DECLARACIÓN DEL FRENTE NACIONAL POR UNA NUEVA LEY DE MEDIOS
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En el contexto de la compleja situación actual de México, que requiere de transformaciones profundas tanto en el plano político, económico, social y cultural, la reforma del marco legal de los medios electrónicos y las telecomunicaciones del país constituye un punto ineludible de la agenda nacional.
Las organizaciones integrantes del Frente, convencidas de que no habrá una auténtica Reforma del Estado sin un orden jurídico democrático para el funcionamiento de la radiodifusión y de las telecomunicaciones (hoy imbricados irreversiblemente en el escenario de la convergencia tecnológica), como tampoco un desarrollo de la Sociedad de la Información en México con una perspectiva social y de mayor equidad, hacen manifiesta una vez más la inaplazable necesidad de una reforma del marco legal del sector mencionado en función del interés nacional.
Desde tal convicción, el Frente considera como principios fundamentales para una auténtica reforma democrática los siguientes:
1. Servicio Público. El nuevo marco legal debe partir de la definición de la actividad de los medios como de servicio público y no de interés público, con las implicaciones que ello conlleva en términos de derechos ciudadanos, atribuciones estatales y responsabilidades para las empresas de medios y telecomunicaciones.
2. Competencia. Es indispensable acotar los esquemas de concentración existentes en el sector de los medios electrónicos y las telecomunicaciones, así como a los que empiezan a configurarse en el escenario de la convergencia.
3. Reafirmar la condición estratégica del espectro radioeléctrico como propiedad de la nación, y por tanto de su soberanía. Toda explotación de este recurso nacional deberá ser objeto de una contraprestación económica, así como durante un plazo limitado por la ley para su usufructo. Ninguna concesión deberá ser por tiempo indefinido.
4. Concesiones. Los criterios para la renovación de concesiones deberán partir del servicio prestado a las audiencias y la calidad de las emisiones, así como la pluralidad y diversidad existentes en los contenidos. Los medios deben promover en sus contenidos la pluralidad de actores, los valores democráticos y la diversidad cultural.
5. Autonomía. El órgano regulador de la radiodifusión y las telecomunicaciones deberá contar con autonomía garantizada constitucionalmente, tanto respecto de los poderes estatales como de las empresas reguladas.
6. Servicio Universal. A partir del reconocimiento de la información como un bien público, se requiere garantizar su disponibilidad para todas las personas que viven en México a través de las vías y soportes tecnológicos existentes.
7. Derecho de réplica. Es indispensable la reglamentación de ese derecho, establecido en la reforma Constitucional de 2007 pero que sigue estando vedado a los ciudadanos.
8. Derecho a la Información. La legislación debe garantizar y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, así como a ejercer su libertad de expresión.
9. Régimen de medios públicos. Se requiere de un capítulo de la nueva legislación, y no una ley especial, dedicado a este sector, que parta de reconocer su naturaleza de medios de servicio público, a través de un estatuto jurídico que los defina y garantice su autonomía respecto del Estado e incluya modalidades de financiamiento que, bajo condiciones determinadas y sin fines de lucro, les permitan comercializar sus espacios y una plena participación en el proceso de convergencia. Es preciso también asegurar la calidad de sus producciones y la vinculación con la sociedad.
10. Medios comunitarios. Es indispensable el pleno reconocimiento de los medios de propiedad social como los comunitarios, así como hacer efectivo el derecho de las comunidades y los pueblos indígenas para operar sus propios medios de comunicación, en condiciones de equidad e igualdad para su pleno desarrollo, con criterios democráticos que cumplan con los estándares internacionales en la materia.
11. Producción independiente. Es necesario abrir opciones al pluralismo y la democracia en los medios de comunicación de nuestro país. La base de las producciones independientes se encuentra en la autonomía de sus creadores, los cuales determinan su línea editorial porque no están al servicio de una corporación de medios como proveedores de contenidos. Estas producciones independientes juegan un papel protagónico en la construcción de toda democracia al proponer temáticas alternativas con un objetivo común –el de servir a sus públicos–.
México D.F., 18 de marzo de 2010
Academia Mexicana de Arte Teatral
Agencia de Información Notiese
Al Consumidor, A.C.
Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes
Alianza Democrática de Organizaciones Civiles
Alianza Socialista, A.C.
Anden
Artículo 19 México
Asociación de Documentalistas, ADOC
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC
Asociación Mexicana de Comunicadores e Investigadores de la Radio, AMCIR
Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI
Asociación Mexicana de Productores Independientes, AMPI
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC-México
Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C., ANAD
Calacas y Palomas
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS
Ciudadanos En Movimiento por Tlalpan A.C.
Club de Periodistas A. C.
Colectivo 1060
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH
Comunicación Comunitaria
Congreso Nacional de Comunicación Indígena
Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres
Consejo Nacional para la Enseñanza y la investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEICC
Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional, CNPA-MN
Cronopio, periodismo cultural
DECA Equipo Pueblo A.C.
Ecos Oax
El Barzón Nacional
Expresión Plural A.C.
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC
Federación Internacional de Periodistas
Federación Mexicana de Sociedades Cooperativas y Medios
Fomento Cultural y Educativo A.C.
Frente Nacional contra Wal-Mart
Frente por la Libertad de Expresión Alfredo Jiménez Mota
Fundación Manuel Buendía
Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social A.C.,
Intermedios, Organización de Profesionales de la Comunicación
Instituto Mexicano de Educación para el Consumo A.C.
Letra S, Sida Cultura y Vida Cotidiana
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Universidad Autónoma de Tamaulipas
Mujeres en Frecuencia
Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos.
Poder del Consumidor
Propuesta Cívica (APN)
Revista Contralínea Sinaloa
SHOTTAMA A.C.
Sindicato de Radio Educación
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
Sociedad de ex alumnos del CUEC
Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales
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DECLARACIÓN DEL FRENTE NACIONAL POR UNA NUEVA LEY DE MEDIOS
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En el contexto de la compleja situación actual de México, que requiere de transformaciones profundas tanto en el plano político, económico, social y cultural, la reforma del marco legal de los medios electrónicos y las telecomunicaciones del país constituye un punto ineludible de la agenda nacional.
Las organizaciones integrantes del Frente, convencidas de que no habrá una auténtica Reforma del Estado sin un orden jurídico democrático para el funcionamiento de la radiodifusión y de las telecomunicaciones (hoy imbricados irreversiblemente en el escenario de la convergencia tecnológica), como tampoco un desarrollo de la Sociedad de la Información en México con una perspectiva social y de mayor equidad, hacen manifiesta una vez más la inaplazable necesidad de una reforma del marco legal del sector mencionado en función del interés nacional.
Desde tal convicción, el Frente considera como principios fundamentales para una auténtica reforma democrática los siguientes:
1. Servicio Público. El nuevo marco legal debe partir de la definición de la actividad de los medios como de servicio público y no de interés público, con las implicaciones que ello conlleva en términos de derechos ciudadanos, atribuciones estatales y responsabilidades para las empresas de medios y telecomunicaciones.
2. Competencia. Es indispensable acotar los esquemas de concentración existentes en el sector de los medios electrónicos y las telecomunicaciones, así como a los que empiezan a configurarse en el escenario de la convergencia.
3. Reafirmar la condición estratégica del espectro radioeléctrico como propiedad de la nación, y por tanto de su soberanía. Toda explotación de este recurso nacional deberá ser objeto de una contraprestación económica, así como durante un plazo limitado por la ley para su usufructo. Ninguna concesión deberá ser por tiempo indefinido.
4. Concesiones. Los criterios para la renovación de concesiones deberán partir del servicio prestado a las audiencias y la calidad de las emisiones, así como la pluralidad y diversidad existentes en los contenidos. Los medios deben promover en sus contenidos la pluralidad de actores, los valores democráticos y la diversidad cultural.
5. Autonomía. El órgano regulador de la radiodifusión y las telecomunicaciones deberá contar con autonomía garantizada constitucionalmente, tanto respecto de los poderes estatales como de las empresas reguladas.
6. Servicio Universal. A partir del reconocimiento de la información como un bien público, se requiere garantizar su disponibilidad para todas las personas que viven en México a través de las vías y soportes tecnológicos existentes.
7. Derecho de réplica. Es indispensable la reglamentación de ese derecho, establecido en la reforma Constitucional de 2007 pero que sigue estando vedado a los ciudadanos.
8. Derecho a la Información. La legislación debe garantizar y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, así como a ejercer su libertad de expresión.
9. Régimen de medios públicos. Se requiere de un capítulo de la nueva legislación, y no una ley especial, dedicado a este sector, que parta de reconocer su naturaleza de medios de servicio público, a través de un estatuto jurídico que los defina y garantice su autonomía respecto del Estado e incluya modalidades de financiamiento que, bajo condiciones determinadas y sin fines de lucro, les permitan comercializar sus espacios y una plena participación en el proceso de convergencia. Es preciso también asegurar la calidad de sus producciones y la vinculación con la sociedad.
10. Medios comunitarios. Es indispensable el pleno reconocimiento de los medios de propiedad social como los comunitarios, así como hacer efectivo el derecho de las comunidades y los pueblos indígenas para operar sus propios medios de comunicación, en condiciones de equidad e igualdad para su pleno desarrollo, con criterios democráticos que cumplan con los estándares internacionales en la materia.
11. Producción independiente. Es necesario abrir opciones al pluralismo y la democracia en los medios de comunicación de nuestro país. La base de las producciones independientes se encuentra en la autonomía de sus creadores, los cuales determinan su línea editorial porque no están al servicio de una corporación de medios como proveedores de contenidos. Estas producciones independientes juegan un papel protagónico en la construcción de toda democracia al proponer temáticas alternativas con un objetivo común –el de servir a sus públicos–.
México D.F., 18 de marzo de 2010
Academia Mexicana de Arte Teatral
Agencia de Información Notiese
Al Consumidor, A.C.
Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes
Alianza Democrática de Organizaciones Civiles
Alianza Socialista, A.C.
Anden
Artículo 19 México
Asociación de Documentalistas, ADOC
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC
Asociación Mexicana de Comunicadores e Investigadores de la Radio, AMCIR
Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI
Asociación Mexicana de Productores Independientes, AMPI
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC-México
Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C., ANAD
Calacas y Palomas
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS
Ciudadanos En Movimiento por Tlalpan A.C.
Club de Periodistas A. C.
Colectivo 1060
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH
Comunicación Comunitaria
Congreso Nacional de Comunicación Indígena
Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres
Consejo Nacional para la Enseñanza y la investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEICC
Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional, CNPA-MN
Cronopio, periodismo cultural
DECA Equipo Pueblo A.C.
Ecos Oax
El Barzón Nacional
Expresión Plural A.C.
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC
Federación Internacional de Periodistas
Federación Mexicana de Sociedades Cooperativas y Medios
Fomento Cultural y Educativo A.C.
Frente Nacional contra Wal-Mart
Frente por la Libertad de Expresión Alfredo Jiménez Mota
Fundación Manuel Buendía
Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social A.C.,
Intermedios, Organización de Profesionales de la Comunicación
Instituto Mexicano de Educación para el Consumo A.C.
Letra S, Sida Cultura y Vida Cotidiana
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Universidad Autónoma de Tamaulipas
Mujeres en Frecuencia
Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos.
Poder del Consumidor
Propuesta Cívica (APN)
Revista Contralínea Sinaloa
SHOTTAMA A.C.
Sindicato de Radio Educación
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Sociedad de ex alumnos del CUEC
Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales
martes, 23 de febrero de 2010
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